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Tycho Janampa
Asociación SER – Oficina Regional Ayacucho Un conjunto de instituciones de Ayacucho visitó el 3 de octubre pasado la zona de Vizcatán, jurisdicción de la provincia de Huanta (Ayacucho) y de San Martín de Pangoa (Junin), con la finalidad de constatar la realidad de las comunidades del lugar, de donde se ha reportado supuestas violaciones de derechos humanos a causa de incursiones militares.
Luego de esta visita, instituciones como Paz y Esperanza, APRODEH, Comisionado Para la Paz, FONCODES, PRAXIS, SER, entre otras, se reunieron el día 6 de octubre para analizar los hechos que constataron en esta primera visita al lugar. En esta reunión estuvo presente la congresista ayacuchana Elizabeth León. La comisión recorrió lugares como Llochegua, Canayre y Unión Mantaro, espacios cercanos a Pichis y Pampa Aurora, donde ocurrieron las incursiones militares en la zona de Ayacucho. Sin embargo los pobladores de Pichis y Pampa Aurora fueron desplazados de este lugar y hoy muchos de ellos se hallan en Canayre y Unión Mantaro. Asimismo, pobladores de las comunidades José Olaya, Valle Hermoza y Palmeras, que pertenecen a San Martín de Pangoa, en Junín, han sido desplazados al otro lado del río Mantaro. En el transcurso del viaje la comisión se encontró con pobladores desplazados de Palmeras (San Martín de Pangoa) y Nueva Esperanza (Llochegua), quienes manifestaron que los militares habían quemado sus chozas e ingresado a sus viviendas preguntando por senderistas. Asimismo, los pobladores desplazados de José Olaya denunciaron haber sido víctimas de disparo de instalazas cerca al río. Una de las interrogantes es, ¿por qué los militares han tenido que disparar cerca al río si los senderistas están en la altura? Nolberto Lamilla, coordinador regional de Paz y Esperanza, manifestó que los uniformados sólo han planificado la acción militar, pero no han previsto qué hacer con la población desplazada. “Cada poblador está a su propia suerte. Se requiere prever mecanismos de auxilio”, refirió. La comisión ha recogido volantes donde se exhorta “el retiro de los colaboradores de los terroristas y los narcotraficantes”. En ese sentido, según el entender de los integrantes de la comisión, lo que han hecho los militares es distribuir volantes para decirles a los pobladores de manera indirecta que se retiren. Por otro lado, la población de Pichis no puede llevar ni trasladar con tranquilidad arroz, azúcar y otros alimentos ya que corren el riesgo de ser acusados de estar “alimentando a los senderistas”. Por su parte, la comisión ha identificado cuatro bases militares en la zona de influencia de Vizcatán: Unión Mantaro, Río Negro, Nueva Esperanza y Canayre. Los pobladores que han huido de los lugares de incursión militar hacia Canayre y Unión Mantaro, son casi un centenar. Manifestaron querer volver a su zona para trabajar en su chacra y esperan que todo esto termine cuanto antes. Entre tanto, su situación de desplazamiento les ha obligado a trabajar como peones en los campos de cultivo de hoja de coca. Carlos Condori, comisionado adjunto para la Paz, refirió: “Otros han escapado lejos, a la sierra de Ayahuanco, de ellos no se sabe nada”. Roberto Córdova representante de FONCODES indicó que en la mencionada zona se va a hacer el registro de los desplazados. Asimismo que se coordinará la posibilidad de que el sector salud establezca un Seguro Integral para lo pobladores. Atentados contra los derechos humanos Hay testimonios concretos de que se ha atentado contra los derechos humanos respecto a la educación y salud de muchas personas del lugar. Muchos niños y niñas han dejado de estudiar y asistir al colegio ante el escenario de amenaza y desplazamiento que existe en la zona. Asimismo, la comisión que visitó Vizcatán ha reportado un caso de tortura y violación a una señora por parte de los militares en Nueva Esperanza, anexo del centro poblado menor de Canayre donde también detuvieron a varios pobladores sindicándolos como terroristas además de haberse reportado la quema de 75 chozas. Hoy, la agraviada clama justicia, ante esta situación se ha desplazado a Canayre con su menor hijo, y desea volver a Nueva Esperanza en mejores condiciones. Su esposo ha huido para sobrevivir. Ella y otros desplazados trabajan en los cultivos de hoja de coca, porque no tienen otra opción de sobrevivencia. Por su parte, los integrantes de los Comités de Autodefensa manifestaron que los militares los están obligando a hacer operativos como en los tiempos de violencia. A ello, la congresista Elizabeth León manifestó que la situación de Vizcatán se debe ver con mucha responsabilidad porque lo importante es actuar para que los hechos de muerte y violación de derechos humanos en tiempos de violencia no se vuelvan a repetir, por ello se comprometió a promover en el Congreso de la República una Comisión Multipartidaria para que pueda constatar la situación. Asimismo, se ha visto la posibilidad de gestionar la presencia de una oficina de la Defensoría del Pueblo en el VRAE, para que pueda estar más cerca de los hechos. Es urgente que las poblaciones desplazadas de Vizcatán y Llochegua reciban inmediata atención por parte del Estado, sobre todo aquellas personas cuyas casas han sido quemadas. Concita preocupación que el Presidente Regional de Ayacucho, Ernesto Molina Chávez, no se haya pronunciado ante estos hechos. Si inicialmente se habló de once personas desaparecidas, se ha constatado que se trata de una afectación de mayor magnitud a los pobladores de Vizcatán.
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