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Enrique Chávez Aliaga
Asociación Ser – Oficina regional Cajamarca El alcalde de Bambamarca, Esteban Campos Benavides, convocó para el pasado 7 de noviembre a una consulta popular en los centros poblados de El Alumbre y Quengo Río, provincia de Hualgayoc, para saber si la población está de acuerdo o no con el desarrollo del proyecto minero Conga. De dicha consulta se obtuvo que 30 pobladores del centro poblado de El Alumbre, se mostraron en oposición a dicho proyecto, mientras que 200 pobladores de Quengo Río, respaldaron la actividad minera Pero lo que llamó la atención de esta convocatoria fue que los centros poblados de El Alumbre y Quengo Río, según la información que brinda la propia empresa minera, no se encuentran dentro de la zona de influencia del proyecto, que abarca parte de los distritos de La Encañada (Cajamarca), Sorochuco y Huasmín (Celendin). ¿Cómo puede entonces el alcalde de Bambamarca promover una consulta popular en torno a un proyecto minero cuya área de influencia no involucra su territorio? Si deseaba hacer participar a la población en la decisión de aceptar o rechazar dicho proyecto minero, ¿no hubiera sido lo ideal que participen las comunidades directamente afectadas?. En ese sentido, no es posible que los pobladores de El Alumbre y Quengo Río decidan en consulta popular lo que es de interés de los habitantes de Sorochuco, Huasmín y La Encañada. Lo único que consigue una iniciativa de este tipo es que la población perciba a la minería como una intrusa que pretende violar sus derechos, generando tensión y conflicto. Lamentablemente los potenciales conflictos en torno al tema minero se siguen tratando de manera equivocada tanto por el gobierno nacional como por los gobiernos locales. La iniciativa del alcalde de La Encañada, Lifoncio Vera, quien hace sólo unos días manifestó su intención de conversar con los representantes de Minas Conga, pierde su valor cuando lejos de fomentar el diálogo entre la empresa y los verdaderos interesados, sugiere que se haga una consulta popular en un territorio al que no le corresponde semejante acción civil. Además, es conocido que en las zonas donde dicho proyecto pretende realizar sus actividades ya existen conflictos como es el caso de Sorochuco, donde no se ha permitido a la empresa instalar una oficina de información y, en algún momento, se les prohibió hasta el tránsito por la carretera que va hacia el campamento del proyecto minero. Hechos como estos banalizan y le restan importancia a un valioso recurso como lo es la consulta vecinal. Es necesario que las señaladas autoridades municipales sean más responsables con sus actos, sobretodo cuando se trata de un tema tan delicado y que genera tantas suspicacias como lo es la relación entre la minería y la población.
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