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Christian Reynoso
Oficina Regional Puno-Asociación SER En las últimas semanas se ha hecho evidente el problema de la delimitación de territorios entre Puno y Moquegua, en la zona que corresponde a la llamada cordillera alta, donde se ubican los centros poblados puneños de Ayrumas Carumas, Aruntaya, Aguas Calientes y Jilatamarka. La razón, según afirman los pobladores, es que Moquegua está considerando como suyo el territorio de estos lugares respondiendo a una política expansionista que ha iniciado por intereses económicos principalmente por el beneficio que puede obtener de los recursos naturales de la zona (agua y oro). A esto se suma la presencia de la minera Aruntani SAC que opera en territorio puneño, pero que sin embargo, ha obtenido el permiso del gobierno regional de Moquegua para realizar sus actividades. En ese sentido, el canon de esta actividad estimado en 10 millones de soles anuales, está destinado a Moquegua. Aprovechando este presupuesto, el gobierno regional de Moquegua ha construido un aula y una posta médica en Aguas Calientes y Jilatamarka. Por su parte, los pobladores puneños se han sentido amenazados en la propiedad de sus territorios. Asimismo, han entendido que la minera produce dinero que bien podría ser aprovechado en sus zonas. Ahí la razón de sus reclamos. Sin embargo, otras tantas familias se han visto en la disyuntiva de no saber si sentirse puneños o moqueguanos. Al fin, han optado por definirse en el espacio donde puedan vivir mejor. Así, siendo parte de Moquegua han obtenido servicios básicos de los que antes nunca han gozado. Se dice que la delimitación entre Puno y Moquegua en esta zona no ha estado definida claramente desde hace años, por ello que haya sido tan fácil cambiar los hitos que señalaban las zonas de frontera. Así, de un momento a otro, éstos han aparecido en lugares diferentes, incluso 30 kilómetros adentro del territorio puneño como si fueran parte de Moquegua. Con todos estos antecedentes se ha conformado un Comité de Lucha que agrupa a alcaldes y dirigentes de la zona alta de Acora, Pichacani, El Collao y otros distritos y provincias de Puno. La plataforma de lucha está enfocada principalmente en recuperar y hacer respetar la delimitación original de los territorios de Puno. Asimismo el rechazo a la utilización de los recursos naturales de la zona por parte de la minera y de Moquegua, para lo cual se propone la creación de un canon hídrico que beneficie a los pobladores de la zona. En lo que concierne al tema minero prima el slogan “Mina no, agro sí”, aunque puede advertirse cierta duda entre los pobladores, ya que muchos asumen como positiva la presencia de la minera. Ante esta plataforma de lucha se han discutido algunas propuestas de solución, entre ellas, elevar al Congreso de la República la delimitación original de los límites para que mediante Decreto Supremo se respeten y no sean modificados. Pedir al Gobierno Regional y a la Municipalidad Provincial de Puno, la asignación de mayores presupuestos para dichas zonas con el propósito de generar un acercamiento de pertenencia e identidad, es decir, según manifiesta un dirigente, “hacer ver que la autoridad se preocupa por el poblador de la zona”. Asimismo, convocar a una consulta popular para ver si la mina Aruntani SAC debe continuar con sus operaciones, a pesar de que el resultado no sea vinculante (en clara réplica al caso Majaz), aunque esta propuesta por ahora no tenga mayor consenso. Por otro lado, no se descarta la posibilidad de llevar la plataforma de lucha más allá de lo formal. El gobernador de Acora ha afirmado que tiene 152 tenientes gobernadores a su disposición quienes estarían dispuestos a organizarse y defender sus territorios. Asimismo, un regidor de la municipalidad de Puno, ha manifestado la posibilidad de articular un ejército aymara que defienda los intereses de la región. Por último, se espera para el día 11 de octubre la realización de una marcha pacífica en la ciudad de Puno. Asimismo, para el 29 y 30 del mismo mes la organización de una Cumbre que convoque a todos los pueblos aymaras en defensa de sus territorios y donde además, se elaboren propuestas de solución finales. Algunas preguntas que deberán responderse tanto dirigentes como autoridades puneñas y moqueguanas son: ¿Quién tiene la responsabilidad de la delimitación que actualmente se ha hecho, sin ningún proceso previo? ¿Merece una sanción?. Igualmente, ¿por qué la empresa minera Aruntani SAC tiene el permiso de Moquegua si está operando en territorio puneño? ¿A quién debería corresponderle el canon de sus operaciones? Y finalmente, ¿la asignación de presupuestos a dichas zonas solucionará el problema? Lo cierto es que, como ha advertido uno de los dirigentes de la zona, mientras puneños y moqueguanos se ven enfrentados ante estos hechos, la minera Aruntani SAC sigue operando sin preocupaciones que atender.
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