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Javier Torres
Asociación SER Protestas de todo tipo, demandas diversas y variadas, bloqueos de carreteras que generan enormes costos al país y miles de personas en las calles de varias ciudades, son las imágenes que los medios de comunicación muestran los últimos días, luego de haber escuchado durante meses que el crecimiento económico nos llevaba al mejor de los mundos y que el país avanzaba hacia una transformación que nos sacaría de la pobreza. ¿Era previsible la protesta? Es fácil decir que sí ahora, también decir que el sistema no da más, que la reducción de derechos que nos dejó el fujimorismo debía ser revertida, que la votación que recibiera Ollanta Humala era una seria advertencia a tomar en cuenta. Pero el Apra y la elite política sobre todo, una vez ocupados sus lugares en el Ejecutivo y el Legislativo, fueron olvidándose de la angustia que los medios de comunicación masiva limeña crearon cuando Humala parecía acercarse al sillón de Pizarro. El asunto es que el Ejecutivo olvidó que debía gobernar de una manera diferente, haciendo caso al mandato de los electores que reclamaban un orden diferente con autoridad y redistribución. García, temeroso de repetir el desastre del 85, optó por afirmar su alianza con el empresariado y reeditar el exitoso modelo de gobierno que Alberto Fujimori tuvo. Tal apuesta autoritaria se ha manifestado a lo largo del primer año de gestión del APRA, con un constante desafío a las promesas de la fallida transición, optando por desentenderse del proceso de extradición de su nuevo modelo de líder y afirmando una serie de acuerdos con el fujimorismo. García pensó que, como hace 15 años, bastaba aplicar un buen programa de apoyo social y algunos programas especiales para atender al “sur”; sin embargo, como bien sabemos, ni Agua para Todos ni Sierra Exportadora han dado los resultados esperados, y mucho menos el tan anunciado Fondo de Solidaridad con el Pueblo, que nació tarde y mal. Por otro lado, un error que le viene costando mucho al gobierno durante los últimos días, es el no haber dado una buena pelea en las elecciones regionales del año pasado, lo que permitió que movimientos y caudillos de diverso tipo asumieran el control de los gobiernos regionales. García pensó equivocadamente que lo más práctico era negociar con un abanico de líderes a quienes podía contentar con los recursos del canon y algunos proyectos especiales, pero la realidad muestra todo lo contrario. Lo ocurrido estos días, deja la imagen de un gobierno que todavía no es débil, pero sí se encuentra aislado frente a la sociedad. Y por eso no nos debe llamar la atención la acumulación de agendas y demandas de todo tipo. Éstas exigen básicamente dos cosas: restitución de ciertos derechos que se perdieron desde los años del fujimorismo y cumplimiento de compromisos que el gobierno ha asumido con diversos sectores y regiones, los cuales incumple por la enorme incapacidad de gestión que ha mostrado este primer año. Lo preocupante es que no hay visos de que esto vaya a cambiar, y en ese sentido pareciera que la lógica del gobierno es dejar que las protestas se agoten en sí mismas y continuar aplicando el mismo modelo de gestión, aunque con algunos cambios ministeriales. La pregunta entonces es ¿cuán viable puede ser sostener esta dinámica basándose sólo en una alianza política con elites que no cuentan con una base a nivel de la sociedad? A diferencia del fujimorismo, los pobres no parecen estar del lado del APRA, sino muy por el contrario, se vienen ubicando en la otra margen, o al margen del conflicto, pero en ningún caso del lado del gobierno. Si éste persiste en mantener el modelo económico tal cual, o no abre ciertas compuertas que permitan una redistribucion real, el Perú entrará en un ciclo cada vez más intenso de protestas y buena parte del país se volverá ingobernable. La solución está en manos del gobierno: si opta por la mano dura, lo único que logrará es el aplauso del sector más conservador del empresariado nacional, pero ello no resolverá ni la crisis ni su aislamiento sino que éstos irán en aumento.
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