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Múltiples escenarios de polarización social Desde hace varias semanas se vienen desarrollando en el país diversas paralizaciones y protestas. En algunos casos se han producido bloqueos de vías de comunicación y enfrentamientos violentos, y otros han tenido consecuencias funestas en vidas humanas y daños materiales. La situación actual constituye un momento crítico para el gobierno, similar a la que atravesó el gobierno del Presidente Toledo en mayo de 2003 y que concluyó con la declaratoria de estado de emergencia en todo el país. Es preocupante el nivel de polarización al que se ha llegado en estos días, pues en estas circunstancias se generan riesgos para el ejercicio de derechos, tanto de quienes protestan como de quienes se ven afectados por las movilizaciones. Conviene advertir que se trata de múltiples expresiones de protesta, no necesariamente articuladas entre sí, aunque llegan a reforzarse mutuamente por su coincidencia temporal. Analizando las diversas agendas planteadas por los sectores movilizados se puede concluir que algunas de las demandas ponen en cuestión tanto la política económica, que se mantiene en lo esencial invariable desde el régimen fujimorista, como una gestión política centralista que no muestra voluntad para impulsar un verdadero proceso de descentralización en el país. Desde luego, algunos de los conflictos son impulsados por sectores que proponen mantener el statu quo sectorial, como es el caso de los agricultores cocaleros y de la dirigencia del sindicato magisterial. Sin embargo, centrar la mirada sólo en este último aspecto trae el riesgo de obviar los cuestionamientos sobre temas de fondo que no están siendo recogidos ni debatidos por la clase política. Destaca también la concentración de la mayoría de protestas recientes en los departamentos del sur del país: Puno, Cusco, Arequipa, Tacna, Apurímac, Ayacucho y Huancavelica. Esto no resulta extraño teniendo en cuenta que se trata de las zonas con mayor pobreza del país, que en las elecciones anteriores votó mayoritariamente por el candidato nacionalista y en las que, según recientes encuestas, la popularidad presidencial y del gobierno ha descendido rápidamente en los últimos meses. Los cuestionamientos centrales señalados en el párrafo anterior surgen, entonces, de sectores sociales descontentos ante un Estado que no se muestra capaz de atender sus necesidades largamente postergadas. Partícipe o no de las movilizaciones, esta población termina legitimando la protesta como vía de expresión de sus demandas. Ahora bien, las organizaciones movilizadas parecen tener la fuerza necesaria para conducir las paralizaciones, pero no para imponer al gobierno una salida determinada a la crisis. La fragmentación de las demandas nos habla de pulseos simultáneos en los que cada parte trata de obtener el máximo provecho en función de sus intereses particulares. La articulación parece obedecer más a una lógica de acumulación de fuerza que a una articulación orgánica de demandas. Pero si no se atiende adecuadamente las causas profundas, se podría transitar en el futuro hacia situaciones más críticas. La respuesta del gobierno En este contexto, es de lamentar el inadecuado manejo político de los conflictos por parte del gobierno. Su primer error consiste en una lectura inadecuada del escenario social, en el cual han tratado de ubicar culpables o chivos expiatorios – Patria Roja, supuestos “infiltrados”, “grupos extremistas” – buscando así generar una corriente de opinión que aísle a posibles opositores. La táctica no ha dado resultados y, además, ha sido contraproducente pues ha favorecido el aglutinamiento de los opositores, como se observa en la lograda reconexión de la dirigencia del SUTEP con la base magisterial, además del apoyo expresado por autoridades regionales y otros actores. Adicionalmente, hay que decirlo, se trata de una jugada inadecuada pues ubica la responsabilidad en terceros, evitando de este modo enfrentar las causas profundas de los conflictos. En segundo lugar, los representantes del gobierno no han mostrado mucha voluntad para concertar las medidas con los actores involucrados, tal como se vio en el caso de las exoneraciones tributarias en Ucayali o en la discusión de la Ley de Carrera Pública Magisterial. Al evitar cualquier forma de comunicación y diálogo con los sectores sociales, el gobierno ha mostrado una dureza que ha exacerbado aún más el conflicto. En tercer lugar, el panorama se complica con discursos confrontacionales, como los expresados en los últimos días por dirigentes apristas como Mauricio Mulder y por el propio Presidente García. En este mismo rubro se debe incluir la aprobación de la Ley de Carrera Pública Magisterial en el Parlamento, acto percibido como una provocación pues se realizó justo cuando se iniciaba una huelga magisterial. Así, al disponer la intervención de las Fuerzas Armadas, el gobierno reconoce la gravedad de una crisis que empieza a salirse de control, pero emite un mensaje: está dispuesto a hacer lo necesario para garantizar el orden público… ¿a cualquier precio? En este escenario es evidente que los esfuerzos realizados por el Primer Ministro desde el inicio del gobierno por establecer mecanismos de diálogo para la atención de problemas sociales, han sido reemplazados por otro tipo de lógica, una que intenta garantizar la gobernabilidad mediante la imposición del orden y no sobre la – a veces difícil – construcción de consensos políticos. Ante la crisis, diálogo democrático El IPEDEHP lamenta que se haya llegado al escenario de polarización que vive actualmente el país, especialmente por las muertes ocurridas y los daños causados. Reconociendo la validez que pueden tener muchas de las demandas sociales, entendemos que la violencia nunca será el camino idóneo para lograr resultados significativos, y que los reclamos sociales no pueden realizarse mediante la violación de derechos de otras personas, especialmente la vida, la integridad física y la salud. Continuar por la vía de la confrontación sólo incrementará las consecuencias negativas, por lo que nos parece fundamental explorar nuevamente las vías del diálogo. Todos y todas tenemos la responsabilidad de encontrar soluciones a los temas que hoy generan enfrentamientos. Una disminución en la radicalidad de los discursos puede ser una buena señal para el acercamiento, pero se requieren también gestos políticos que expresen la voluntad de negociar. Y le toca al gobierno, por su responsabilidad de encontrar una salida a la crisis, ser el primero en manifestar esta voluntad. Desde luego, los problemas de la coyuntura sólo serán resueltos en la medida que exista capacidad para identificar y atacar los problemas de fondo, relacionados con un modelo de desarrollo que no atiende demandas históricas de gruesos sectores de la población peruana. Se requiere, por tanto, una discusión profunda sobre el contenido de las políticas públicas, alentando la incorporación de criterios redistributivos y de una evaluación seria sobre el impacto en la calidad de vida de las personas. De otro modo, los conflictos serán ciclos recurrentes en nuestra vida social, afectando cada vez más críticamente la gobernabilidad del país. 12 de julio de 2007
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