|
Rosa Montalvo Reinoso “Nos estamos muriendo,” dice Herminia Oré, lideresa de una organización de afectados por el conflicto armado interno de Huanta. Y no parece estar equivocada si nos remitimos al hecho de que Teodora Pariona y Delfina Chávez, dos mujeres ayacuchanas afectadas por el conflicto armado interno, fallecieron hace poco sin haber podido acceder a la reparación económica individual que contempla el Programa Integral de Reparaciones, promulgado por el Estado peruano como parte de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Es que mientras pasa el tiempo y no se destina el presupuesto necesario para seguir con el programa, las víctimas continúan viviendo duras condiciones y situaciones difíciles y perdiendo la esperanza y la confianza en que la justicia algún día llegue para ellas. Tenemos claro que la reparación económica no es el fin en si mismo, como parece visualizarse en las fotografías que últimamente han aparecido en la prensa ayacuchana de representantes del Estado con representantes de las comunidades que han accedido a las reparaciones colectivas, con enormes simulacros de los cheques y amplias sonrisas para la foto como si de la lotería se tratara. Coincidimos con Elizabeth Lira y Brian Loverman en que “la reparación no depende únicamente de la intención de reparar, ni de la acción y contenido de esa reparación. Quien ha sido dañado o perjudicado, necesita ‘sentirse reparado’, aunque la reparación otorgada, no sea totalmente ‘satisfactoria’ o ‘completa’.” (1) La reparación forma parte del derecho que tienen las personas que han sido afectadas por la violencia o el conflicto armado, ya sea por acción del Estado o porque este falló en proteger a sus ciudadanos y ciudadanas y no pudo garantizarles sus derechos. La reparación tiene implícita la idea de restitución de las víctimas, si no en todo en alguna medida, a su situación original, aunque sabemos que esto es sumamente complicado. Muy difícilmente se podrá llegar a restituir la sensación de tranquilidad que tenían las poblaciones antes del conflicto, según señalan algunos testimonios como el que brindó la señora Inocencia Vargas Tevez ante la CVR: “Señores Comisión de la Verdad, muy buenos días, los comisionados, compañeros, compañeras. Soy de Huayrapampa, distrito de Lambrama. Soy de Huayrapmapa, nacido en Nazca. En mi pueblo antes vivíamos tranquilos, con felicidad y alegría, con familiares y todos.” (2) Pese a que no se logrará totalmente la restitución de la situación previa al conflicto, un programa de reparaciones implica que se tomen una serie de medidas, que se las prioricen, e implica sobre todo voluntad política de parte de los gobernantes, la voluntad de reconocer en las personas afectadas a ciudadanos y ciudadanas con iguales derechos y concebirlos como parte de la comunidad política del país, ofreciéndoles las garantías que necesitan para vivir con dignidad y garantizarles asimismo la no repetición. Después de haber sido humilladas, violentadas, torturadas o haber vivido la muerte y las desapariciones de sus seres más queridos, es lo mínimo que merecen las víctimas. Un elemento central en un programa de reparaciones es el reconocimiento de que es un derecho de las víctimas el ser reparadas por el Estado. Y aquí parece haber un enorme déficit si tomamos en cuenta las últimas declaraciones del secretario ejecutivo de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), Jesús Aliaga Baldeón, al referirse a la propuesta sobre reparaciones económicas elaborada por el Grupo de Trabajo de Reparaciones de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos con el respaldo de diversas organizaciones de afectados por el conflicto armado. El funcionario se muestra casi espantado por la propuesta de que se le asignen 120 mil soles a las víctimas en el caso de discapacidad total o en caso de las violaciones a mujeres, y la misma cantidad a las familias en el caso de los muertos y desaparecidos. Hay que señalar que en estos casos, el cálculo es por víctima y puede ser distribuido porcentualmente entre los familiares, ya sea la esposa e hijos, y los padres si aún viven, y no por cada familiar. Actualmente se tiene un aproximado de 30 mil víctimas registradas. Parece que el secretario ejecutivo no ha entendido bien cuál es el elemento central de un proceso de reparaciones económicas y reduce la reparación a un asunto de números, pues señala que: “Si Ud. calcula 120 mil soles solamente por la estimación que hace la CVR de 70 mil víctimas fatales, estamos hablando de 8 mil cuatrocientos millones de soles, una suma que ni siquiera le va hacer meditar un instante al Ministerio de Economía y Finanzas para decir no.” (3) Por un lado, nos deja claro que cumplir con el compromiso asumido de las reparaciones individuales y así restituir derechos no es un asunto de prioridad política para el gobierno sino que además quien lo decide es el Ministro de Economía. En todo caso, si así fuera y si el punto central es la restitución de derechos, lo que compete es buscar los mecanismos adecuados para cumplir con el compromiso. Es menester señalar que pese a las promesas en el presupuesto general del 2010 no se ha incluido el presupuesto para las reparaciones individuales como se esperaba. Por otro lado, nadie es tan irracional como para no tener conciencia de las dificultades que a nivel económico pueden generarse, si se pretendiera que todo el proceso de reparación económica se realice en un tiempo corto, o al mismo tiempo. Es más, las organizaciones de afectados, precisamente por el hecho de que las víctimas se están muriendo, han propuesto que en un primer momento de los 40 millones de soles que recibirá la comisión multisectorial encargada de las reparaciones colectivas, la mitad se destine para las reparaciones individuales y que se priorice a los casos antes mencionados y a las personas mayores. La poca comprensión, por decir lo menos, que tiene el secretario ejecutivo de la CMAN sobre el significado de las reparaciones para reestablecer el vínculo sociedad Estado y fortalecer la democracia se manifiesta cuando dice que “hemos pensado en proyectos productivos pilotos que agrupen a las personas adultas mayores” (4), como si la restitución de sus derechos y el recuperar en alguna medida sus proyectos de vida truncados por la violencia fuera una cuestión de poner a trabajar a los viejitos. A nadie se le ocurrió decir algo semejante cuando Baruch Ichver recibió los 20 millones de soles ordenados por la CIDH por la violación a sus derechos. Menos aún a nadie se le hubiera ocurrido preguntar qué haría ese “papito” con esa cantidad de dinero, ni pensar que sus hijas y esposa se aprovecharían de esos recursos. Claro que no, el empresario es de otra clase, y pese a las dudas que en algún momento hubo sobre su ciudadanía peruana, sí se lo reconoce como sujeto de derechos así como su capacidad de gestionar la indemnización. En cambio, a las mujeres indígenas víctimas no, ellas, parece decir el funcionario, no tienen capacidad de agencia, necesitan ser tuteladas, carecen de autonomía, de capacidad para decidir sobre sus vidas. “¿Qué van a hacer las mamitas con 120 mil nuevos soles? Sólo alimentaría la codicia de sus hijos y familiares más cercanos. Ellas necesitan otro tipo de cuidados…” dijo. (5) El racismo y la discriminación fueron según la CVR causas de la violencia. En las palabras de este funcionario se reproducen al tratar a las mujeres víctimas de esa manera, al mirar a sus familiares también víctimas seguramente como oportunistas y aprovechados. Este tratamiento, así como la falta de voluntad política para impulsar el programa de reparaciones, constituyen una especie de revictimización que debe terminar si realmente se quiere una democracia plena, un país de ciudadanos y ciudadanas con igualdad de derechos. Reparar el daño a las víctimas, restituirles de alguna forma sus derechos y ofrecerles la oportunidad de tener un proyecto de vida renovado, que sientan que son parte de una comunidad que los respeta, que las respeta, constituye la posibilidad de que se fortalezca la democracia y de que, como dice Felipe Gómez Isa, logremos “un nuevo equilibrio político y social”. (6) Reparar significa un claro indicador de que estamos avanzando hacia la eliminación de la discriminación y el racismo aún tan presentes en nuestro cotidiano, en nuestro lenguaje, en la revictimización a la que se somete a los afectados y afectadas cuando no se los atiende, no se las respeta y cuando se trata a las mujeres que con dignidad y valentía pese al terror imperante resistieron y sacaron adelante a sus familias como personas sin capacidad, sin pensamiento, necesitadas del tutelaje del Estado. La reparación no es pues un asunto de un cheque y una fotografía, sino un asunto de reconocimiento ciudadano, de democracia y de derechos. Notas: (1) Elisabeth Lira y Brian Loverman (2005): Políticas de reparación, Chile 1990-2004, LOM Ediciones, Santiago de Chile, p. 9 (2) Projur (2008): Apurímac Informe final 1980-2000: Una Compilación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. (3) TV Cultura, Enlace Nacional, “Incumpliendo ofrecimientos anteriores, PCM anuncia que no habrá reparaciones individuales el próximo año”, 12 de noviembre del 2009, http://enlacenacional.com/2009/11/12/incumpliendo-ofrecimientos-anteriores-pcm-anuncia-que-no-habra-reparaciones-individuales-el-proximo-ano/ (4) La Voz de Huamanga, “Es imposible reparar a cada victima con 120 mil nuevos soles”, precisa Jesús Aliaga Baldeón, titular de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN)”, Lunes, 16 de noviembre del 2009 http://www.diariolavozdehuamanga.com/noticias/local/1519-es-imposible-reparar-a-cada-victima-con-120-mil-nuevos-soles-precisa-jesus-aliaga-baldeon-titular-de-la-cman.html (5) Idem (6) Felipe Gómez Isa (2006): “El derecho de las víctimas a la reparación por violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos”, en Felipe Gómez Isa (dir.), El Derecho a la memoria, Alberdania S.L., Bilbao
|
