|
Wuille Ruiz Figueroa Una reciente encuesta de opinión de la Pontificia Universidad Católica del Perú sobre la justicia en nuestro país nos presenta resultados con una tendencia histórica casi invariable con el transcurso de los años, como bien lo señala el Dr. Jorge Santistevan (1). En la mentalidad y el sentimiento de la ciudadanía se encuentra fuertemente arraigada una percepción negativa sobre la eficacia del sistema de justicia y la falta de transparencia necesaria.
Considero que ello no sólo abarca a jueces y fiscales, sino también a auxiliares, policías y todos los actores vinculados directa o indirectamente con la justicia como son los propios abogados y litigantes. A manera de ejemplo, las personas encuestadas son casi unánimes en afirmar que a la hora de aplicar las leyes, los jueces hacen diferencias según de quién se trate (91%), esto es, tendrían un trato discriminatorio hacia los litigantes. Entre los elementos que la población considera son claves para ganar un juicio en el Perú no señala en primer lugar la fuerza de los argumentos jurídicos que se utilizan para sustentar un caso, sino el tener dinero (46%) o tener influencia o conocer gente influyente (21%). Revertir esta percepción y sentimiento históricamente arraigada, es uno de los desafíos de instituciones que como la OCMA (2), vienen realizando una intensa labor para velar por la idoneidad y desempeño ético de los magistrados y auxiliares judiciales. Entre el 2007 y 2009, se han formado cerca de 14000 expedientes, de los cuales la mitad aún se encuentran en trámite, siendo Lima el distrito judicial que concentra la cuarta parte de estas denuncias. Entre los casos más recurrentes en el que incurren los funcionarios quejados son por haber incurrido en actividad indebida o por recibir coimas o por otorgar libertades indebidamente. Durante el 2008, la OCMA propuso se suspenda, separe y destituya a 195 magistrados y 289 auxiliares jurisdiccionales. Sancionó con suspensión a 69 de estos magistrados y 43 auxiliares, aplicando multa y apercibimiento a 1498 funcionarios entre magistrados y auxiliares. Es de anotar que el Consejo Nacional de la Magistratura, en el 2008 destituyó a 20 magistrados entre jueces y fiscales, quienes son inhabilitados para volver a ejercer esta función. Bien valdría la decisión para que no sólo se presenten en los medios de comunicación las malas prácticas de los operadores de justicia, como la de aquel juez superior en Puno, Jorge Linares Carrión, que ingresó a una delegación policial en estado de embriaguez lanzando improperios para desafiar a pelear a los efectivos policiales o la de aquella procuradora del poder judicial, Juana Vera Pinto Egas, igualmente embriagada, que en plena comisaría bajo los efectos del alcohol arremetía a patadas contra las policías que intentaban reducirla. También se deben resaltar las buenas prácticas que a veces no tienen la debida acogida en los medios de comunicación, como por ejemplo la de aquellos magistrados que atienden a los litigantes desde las seis de la mañana, o de aquellos quienes tienen una argumentación impecable en cada una de las sentencias o de quienes vienen teniendo una actuación destacada en la implementación de la reforma procesal penal. A comienzos de este año, cuatro jueces y una servidora judicial que laboran en provincias fueron destacadas por sus buenas prácticas judiciales. Destacar las buenas prácticas en el sistema judicial también debe institucionalizarse (3). Entonces, la sensación de impunidad hacia los malos jueces, fiscales y auxiliares que con razón la ciudadanía percibe, puede ir decreciendo, así podremos ir superando esa suerte de desencuentro entre la justicia y la ciudadanía, como bien lo refiere el Dr. César San Martín (4), por ello, resulta favorable estos esfuerzos de acercar a la sociedad y al sistema de justicia como lo acaba de hacer la Corte Superior de Justicia del Callao, o la de transmitir programas en la televisión por parte del Ministerio Público y del Tribunal Constitucional, así como la de abrir espacios de diálogo en diferentes instancias entre las instituciones vinculadas a la justicia con la sociedad organizada como las mesas de diálogo de la OCMA con la comunidad para frenar la corrupción, son esfuerzos que apuntan precisamente a ir cerrando aquellos desencuentros. Es necesario que la ciudadanía conozca lo que hacen las instituciones de justicia, a fin que no solo critique o cuestione, sino que también se comprometa y participe a empujar todos el mismo carro de la justicia por caminos firmes y seguros.
Notas:
(1) Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto de Opinión Pública, Año IV, Octubre 2009, Todavía un largo camino hacia la justicia, http://www.pucp.edu.pe/iop/files/sondeo_49.pdf (2) OCMA, Oficina de Control de la Magistratura, www.ocma.pj.gob.pe (3) Los jueces premiados fueron: Edwin Figueroa Gutarra, Oscar Burga Zamora, Soraya Castillo Ramírez, Gustavo Ramírez Barbarán. La servidora judicial premiada fue Rosario Arce Carpio. (4) Pontificia Universidad Católica del Perú- PUC, Ibídem
|
