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Edson Ortega - Zenón Choquehuanca
Asociación SER – Oficina Regional Puno Sicuani, capital de la provincia de Canchis, en la región Cusco, hoy viene sopesando una de las peores crisis de gobernabilidad de su historia, tras ocho días ininterrumpidos de paralización, con el bloqueo de la carretera Puno – Cusco.
Este bloqueo por parte de la población responde a la protesta contra el gobierno nacional, a las evasivas del responsable del gobierno local que traen como consecuencia la desatención de dicha provincia. Entre tanto, el Estado sólo ha atinado a sembrar el caos con el uso de bombas lacrimógenas por doquier. Antecedentes El día 20 de octubre pasado se inició el paro convocado por el Frente Único de los Intereses de Canchis presidido por Mario Tapia, reclamando la no ejecución de la obra de la Central Hidroeléctrica de SALQA PUCARA, ya que dicha obra requeriría las aguas de las zonas de los distritos de Tinta y Combapata, y restaría en un 40% la cantidad que actualmente se tiene. Estas aguas son el recurso principal de la actividad agrícola de la zona. A esto se han sumado otros puntos de protesta contra la creciente actividad minera y el TLC. Para el día sábado 25 de octubre el gobierno nacional con la finalidad de concluir este conflicto social, envió una comisión integrada por funcionarios de segundo nivel sin mayor capacidad de decisión, encabezada por Manolo Figueroa como representante de la PCM, que lejos de calmar los ánimos, exacerbó la situación, al firmarse un Acta de Acuerdos con los alcaldes de las municipalidades de San Pedro y Combapata, ante la ausencia del alcalde provincial de Canchis, Mario Velásquez Roque, quien había pedido permiso por enfermedad ante la situación de conflicto social que se veía venir. La población, por su parte, no estuvo de acuerdo con el Acta firmada. Asimismo, expresó su rechazo hacia el alcalde Velásquez por haber mostrado éste una actitud confrontacional hacia la población en una emisora local. Emisora que fue destruida por la población, agudizándose así la crisis del conflicto social. Estos hechos nuevamente nos muestran los mismos errores que se cometen por parte del Estado ante situaciones de conflicto social en nuestro país, en cuanto a las políticas que tienen que ver con el tema de las actividades de extracción de recursos naturales.
Los últimos días, los dirigentes de Canchis han añadido nuevos temas a su plataforma de lucha como la no criminalización a las protestas públicas, y la derogatoria del Decreto Legislativo 1068, lo que demuestra también que no se trata de una protesta sólida con una agenda debidamente planificada y un horizonte claro.
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