El 17 de mayo del 2008, Perú y Brasil firmaron el Acuerdo Bilateral de Cooperación Energética para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos de exportación de energía. En el marco de aquel acuerdo, el gobierno peruano otorgó ese mismo año una concesión temporal a la empresa brasileña EGASUR para que desarrolle estudios para la posterior construcción de la represa Inambari y su conexión con el sistema eléctrico brasileño. Los estudios indicaron que para la construcción de esta represa se inundarían 6 mil hectáreas de bosque y se tendrían que desplazar a más de 4 mil pobladores de Puno, Cuzco y Madre de Dios, lo que significaría un terrible perjuicio al ecosistema de la zona y a la vida de miles de peruanos.




